Entrevista A. Wilkis

En el diario http://tiempo.elargentino.com, aparece la siguiente entrevista, titulada “Los juicios y prejuicios sobre los sectores de bajos ingresos y su uso del dinero”, con el contribuidor de estudiosdelaeconomía, Ariel Wilkis.

Contra la imagen tradicional que los muestra como desmonetizados y desmercantilizados, nuevos estudios dan cuenta de su rol activo como agentes económicos. Nuevos problemas para pensar la realidad nacional y regional.

Por Nicolás Bontti

Ariel Wilkis, doctor en Sociología e investigador del CONICET en el Centro de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM (CESE – IDAES – UNSAM) analiza de una manera novedosa, en un libro de próxima publicación, el mundo financiero y el manejo del dinero por parte de los sectores de bajos ingresos, poniendo en evidencia las implicancias morales y las diversas estrategias pasadas por alto en las investigaciones sobre el tema.
Asimismo, refuta la tradición de análisis que vincula los planes sociales exclusivamente al clientelismo y habilita la reflexión sobre el rol de los pobres en la economía formal.

–¿Por qué considera que los análisis sobre la financiarización en el país han estado enfocados predominantemente en los sectores socioeconómicos medios y altos?
–Tiene que ver con una especie de ausencia en los estudios sociológicos o antropológicos de las prácticas económicas de los sectores populares. Agregado a eso, dos ideas: la primera, que esos sectores son vistos o interpretados con un estatus de beneficiarios de planes sociales; por otra parte, aparece la incapacidad de verlos como agentes económicos activos, capaces de operar o realizar actividades financieras. Esa combinación hace que sea anulada la preocupación y la construcción de una pregunta sobre las clases populares y las prácticas financieras, pensándolas asociadas únicamente a los sectores más acomodados, bajo la presuposición de que los de menores ingresos no lo hacen. La concepción de sentido común, marca que los pobres están desmonetizados, por lo cual la pregunta por su relación con el dinero se vuelve inconducente. Además, al ver al pobre como beneficiario, se marginan las prácticas mercantiles y financieras, con lo que también se lo desmercantiliza.
–¿Qué consecuencias ha producido la expansión del financiamiento hacia esos sectores, a partir de la proliferación de créditos al consumo, tarjetas y financieras?
–En primer lugar, hay que distinguir la vinculación de los sectores populares con el sistema bancario de la que tienen con el financiero. Este último incluye una variedad de instrumentos financieros tanto de las agencias de créditos personales como las que proponen los comercios para la compra de productos, dando cuenta de una gran expansión. Quienes están insertos en el mercado formal de trabajo tienen mayor acceso al uso de la tarjeta de crédito, a diferencia de las dificultades que tienen para acceder a ella los sectores excluidos del mismo. Igual existen puntos de contacto. He podido constatar que sólo basta con que un miembro de la familia tenga acceso a una tarjeta de crédito para que se reorganicen las prácticas financieras familiares en torno a la misma. Si bien uno es el titular, en ocasiones se encuentra un uso de por lo menos cinco o seis personas. Allí la medida es engañosa, cuando se busca entender cómo se expande el sistema de las tarjetas de crédito.
–¿Es la única herramienta financiera a la que accede este sector?
–En términos generales se ha dado un proceso de extensión de los instrumentos financieros, que reorganiza toda la vida económica, incluida la de los sectores populares. Sin embargo, el peso específico de cada instrumento varía según el sector social de que se trate. Por ejemplo, las financieras ofertan para un sector determinado, que no puede acceder a otro tipo de facilidades, aunque a un costo altísimo. En los bancos, por su parte, existen exigencias formales mayores para el acceso al crédito, lo que lo vuelve restrictivo para la mayoría de la población. Los sectores populares, entonces, están incluidos dentro del sistema financiero, pero con un altísimo grado de inequidad y subordinación.
–¿Cuáles son los juicios morales que usted ha detectado sobre la relación entre sectores de bajos ingresos y dinero y por qué cree que se generan?
–Lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. Por un lado, a pesar de que entre 2000 y 2007 entre el 2 y el 6% del presupuesto nacional estuviera destinado a transferencias directas de dinero en calidad de políticas sociales dirigidas a los pobres, no existiera una reflexión sistemática por parte de la sociología y la antropología sobre el uso de ese dinero. Ahí empecé a interesarme en la manera en que periodistas, trabajadores sociales, funcionarios estatales, militantes políticos y sociales utilizaban la circulación del dinero de estas políticas sociales como un medio de transmisión de juicios morales hacia los sectores beneficiarios. El hecho de que esos sectores fueran ayudados por el Estado, parecía dar derecho a otros sectores a juzgarlos moralmente. Los juicios versaban sobre qué hacían con el dinero, y sobre qué era correcto o incorrecto en ese sentido, como cuando se cuestiona a la gente de bajos recursos por tener celulares o zapatillas de primeras marcas.
–¿Qué consecuencias han tenido, a partir de 2003, el crecimiento del mercado interno y la ampliación de esas transferencias de dinero a través de planes sociales en la vida económica de los sectores populares?
–La mayor circulación de dinero ha sido beneficiosa para estos sectores. Los primeros impulsores en implementar transferencias directas de dinero fueron los organismos multilaterales de crédito, a través de una agenda de renovación de las políticas sociales en una clave centrada en dejar atrás la lógica tradicional, asistencialista, observada como “clientelismo”, para encontrar otra basada en el capital humano, en la capacidad de las personas de hacer uso del dinero, sin que otros dispongan por ellos del mismo. Esto fue un proceso regional, que excedió el ámbito de la Argentina. Los más grandes y efectivos programas de política social han sido mediante transferencias directas de dinero y México, Perú, Brasil y Bolivia son ejemplos de ello. Esta nueva agenda permitiría no sólo dar cuenta de variaciones cuantitativas en las asignaciones monetarias de origen estatal, sino también de la calidad de vínculos sociales que se construyen a través de ellas. Sabemos poco sobre cómo estas circulaciones de dinero transforman, por ejemplo, las relaciones entre las mujeres y los hombres o entre los padres e hijos.  Por eso es central una agenda de investigación sobre los usos sociales del dinero, que deje atrás la concepción “neutralista” sobre el mismo, la cual presupone que su uso genera los mismos efectos más allá de los contextos.

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